Objetivo directo

Con el balance de 115 muertos en tan solo diez meses, Óscar Puente ha decidido este viernes comparecer en rueda de prensa para dar la cara sobre su gestión ferroviaria. No solo no ha aportado novedades ni explicaciones solventes, sino que ha insistido en la idea de que la tragedia de Urda fue provocada por un operario del centro de control. En este caso, un hombre de 48 años, con dos de experiencia y que lleva sirviendo en Atocha desde febrero. Filtrar los audios del técnico y del maquinista fallecido no era suficiente porque Puente ha puesto la guinda al pastel de la infamia diciendo que no va a dimitir porque quiere «ser responsable» y «dar la cara».
En la España de Pedro Sánchez nadie asume responsabilidades. Esta semana se han cumplido tres meses de la invasión de Ceuta, dos años de la trágica riada que asoló el litoral valenciano y un año y medio del apagón. Episodios que se han saldado sin que se hayan depurado responsabilidades. Lo analizamos en Objetivo directo.

El Gobierno de Pedro Sánchez nos quiere vender que la culpa del accidente de Urda, que se ha saldado con al menos 69 muertos, fue de un operario que andaba despistado. El Gobierno de la gente quiere culpar a un pobre trabajador para salvar a Óscar Puente. Pero no va a colar. Las informaciones que hemos publicado en THE OBJECTIVE desmontan por completo el relato monclovita.
En primer lugar, los fallos del sistema de señalización LZB —que deberían evitar este tipo de accidentes— son reiterados, y tienen efectos graves sobre la operatividad de las vías cuando ocurren, especialmente en el tramo Madrid-Andalucía, y cuando los trenes afectados son de Iryo. La compañía italiana lleva tiempo alertando a ADIF de que las caídas de ese sistema de seguridad afectan especialmente a sus trenes, ya que provocan una desconexión del sistema de seguridad embarcado y el sistema de vía. Eso deriva en que «el tren no se puede mover». En segundo lugar, el estado real de las vías es nefasto, como se demostró en Adamuz. Y en tercer lugar, los ordenadores encargados de la gestión del sistema LZB son del siglo pasado.
La pregunta es obvia: ¿A dónde está yendo nuestro dinero? En un país que lleva varios años con récord de recaudación fiscal y que se ha beneficiado de cuantiosos fondos europeos postcovid, es inadmisible que los trenes funcionen peor que en el tercer mundo. Y de eso no tiene la culpa ningún operario concreto, sino el Gobierno encargado de administrar nuestros recursos. Lo analizamos en Objetivo directo.

España está de luto. Este miércoles,un choque entre dos trenes en Toledo se ha saldado con al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Una tragedia que se produce apenas nueve meses después del descarrilamiento de Adamuz en la misma línea Madrid-Andalucía, que se saldó con 46. En ambos casos, el Ministerio de Transportes y ADIF están en el centro de la cadena de fallos: en Adamuz, una fractura de carril en una soldadura defectuosa de la que ADIF tenía avisos previos y cuya investigación sigue parada; en Urda, el fallo del sistema de seguridad LZB seguido de una autorización «inexplicable» del centro de control de Atocha para que el AVE reanudara la marcha con señal en rojo y con el tren precedente parado. Este año, más de cien personas han muerto en España en trenes de alta velocidad.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha convertido en costumbre minimizar, retrasar responsabilidades y declarar que «el tren vive su mejor momento» mientras los retrasos y los cadáveres se acumulan. Se ha acostumbrado a reírse en la cara de las víctimas con bromas obscenas en televisión, a insultar a los usuarios de los trenes que le reprochan la depauperación del servicio y a hacerse la víctima cuando se le cantan las verdades del barquero.
La negativa de Puente a dimitir, su insistencia en descargar el peso en un operario y la ausencia de reformas reales tras Adamuz demuestran que este Gobierno no asume la responsabilidad política que le corresponde. España no puede seguir confiando la seguridad de millones de viajeros a un ministerio que ha suprimido unidades de emergencias, que ha permitido que las investigaciones se eternicen, que ha purgado a los técnicos de ADIF y que responde a las tragedias con comunicados de consternación y excusas técnicas. Si este Gobierno es incapaz de garantizar que los trenes no se estrellen y los españoles no mueran, no merece seguir gobernando. Lo analizamos en Objetivo directo.

Partido Popular y Vox han alcanzado este lunes un pacto para concurrir al Senado. En reacción al acuerdo del PSOE con todo tipo de formaciones de extrema izquierda y nacionalistas, en una especie de Frente Popular 2.0., Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han decidido sumar fuerzas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, en donde la mayoría de tres quintos en la Cámara Alta se antoja clave para poder renovar el Tribunal Constitucional, controlado por Cándido Conde-Pumpido.
El acuerdo consiste en que Vox se retira en el Senado de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares a cambio de que el PP lleve a uno de sus tres candidatos a propuesta de los de Abascal. El Partido Popular, por otro lado, se retira del Senado en Tarragona, Gerona y Guipúzcoa. En otras 14 provincias, Vox sólo presentará un senador. Parece que los dos partidos de la oposición han entendido finalmente la gravedad de la situación que atraviesa España. ¿Será suficiente? ¿Respetarán la tregua durante la campaña? ¿Cómo ha reaccionado la izquierda? Lo analizamos en Objetivo directo.

Faltan 37 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esas elecciones que nos van a sacar de dudas sobre qué puede más: las modernas técnicas de comunicación política o el peso de la realidad. Dicho de otra manera, si Sánchez conseguirá otra remontada o si, al final, la noche del 29 de noviembre, todos nos pondremos un poco taurinos para repetir aquello que dijo el torero: «Lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible».
El presidente del Gobierno cree que sí es posible. Considera que, importando de Argentina la estrategia kirchnerista, podrá remontar en las encuestas, ya sea para quedarse en el poder o para estar en disposición de plantear una oposición a cara de perro. Vimos el psicodrama social de la vivienda, estamos viendo la tensión en las manifestaciones callejeras y toda esa emocionalidad se complementa con estrategias puramente populistas que ya hemos visto en Sudamérica: el beso a su mujer, eslóganes copiados como «la fuerza de la gente» o «la fuerza del amor» y su aparición en Televisión Española con el uniforme de persona entrañable: camisa tejana, calzado cómodo y, esta vez, un perrito que canta.
Con ese perrito de plástico en la mano, el presidente ha confesado que no lee THE OBJECTIVE porque no quiere amargarse la vida. Dice que prefiere que sea la Secretaría de Estado de Comunicación la que le cuente qué publicamos. Cinco años lleva THE OBJECTIVE sacando exclusivas de esas que modifican el panorama político y judicial.
Este viernes, sin ir más lejos, la Fiscalía ha pedido investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito de malversación relacionado con sus joyas. La Fiscalía confirma así la información que ya publicó en su momento este diario. La Fiscalía aprecia indicios de malversación en el caso de Zapatero, un delito que podría acarrear penas de cárcel.
El juez Pedraz se planta y da 15 días al PSOE para que deje de poner excusas y entregue la información sobre los abogados a los que presuntamente pudo pagar para financiar a las cloacas. Y el Supremo da cinco días a Albares y Bolaños, bajo apercibimiento de consecuencias penales, para que entreguen el listado de los afectados por la ley de nietos que no pueden votar. Sánchez se pasea por los platós con un perrito de plástico, pregonando la fuerza del amor, pero la Justicia parece haberse cansado de tanto mareo y tanta malicia.
Un podcast de THE OBJECTIVE