El Debate de la Economía

El análisis de la reciente huelga general convocada por las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sirve como punto de partida para examinar la eficacia y la representatividad de los agentes sociales en España en una nueva edición de nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas lineas.
El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, y el profesor del IESE, José Ramón Pin Arboledas, coinciden en señalar que la convocatoria registró un seguimiento laboral mínimo, independientemente de la afluencia observada en las manifestaciones vespertinas.
Mikel Buesa incide en que la naturaleza de la huelga respondió primordialmente a una dinámica política más que a una reivindicación estrictamente laboral. El catedrático sostiene que la implicación directa de miembros del Gobierno alteraba el carácter legal de la convocatoria:
«Esta era una huelga política. He visto a la vicepresidenta del Gobierno llamar a la huelga, a varios ministros llamar a la huelga y, como los ministros y la vicepresidenta son políticos, entiendo que ese llamamiento es un llamamiento político y, en consecuencia, la huelga debería haber sido prohibida. Dicho lo cual, me alegro de que no la hayan prohibido porque ha sido un rotundo fracaso», señala.
Desde la perspectiva del coste operativo y la reputación del país, el profesor José Ramón Pin Arboledas cuantificó el quebranto financiero generado por la jornada de huelga y alertó sobre sus consecuencias institucionales:
«Esta huelga ha sido inútil porque no ha cambiado nada y nos ha costado entre 100 y 2.000 millones de euros de falta de productividad, proyectando además una imagen preventiva negativa para un país turístico. Pero, sobre todo, es peligrosa para los propios sindicatos, porque la población percibe que reciben 38 millones de euros en subvenciones para sobrevivir, lo que les hace perder legitimidad social», indica.
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Los economistas Mikel Buesa y José Ramón Pin Arboledas evalúan el contexto macroeconómico nacional frente a la crisis francesa, critican el gasto electoralista del Ejecutivo y señalan las prioridades urgentes en infraestructuras, fiscalidad y modelo productivo en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio al completo puede oírse pulsando sobre estas líneas.
Francia y España: dos realidades ante la deuda y la inflación
La convulsa situación social y financiera que atraviesa Francia genera dudas sobre un hipotético contagio a la economía española. Sin embargo, los contertulios inciden en que la brecha entre ambos países es notable: la economía francesa apenas registra crecimiento, padece un elevado endeudamiento externo y afronta severas restricciones presupuestarias para atender demandas sociales. En contraste, aunque la deuda nominal en España sigue aumentando hasta rozar los 1,75 billones de euros (un 3% más), su peso relativo respecto al PIB disminuye gracias al crecimiento económico y al efecto de la inflación.
A pesar de esta aparente holgura relativa, el verdadero peligro radica en el paulatino encarecimiento del servicio de la deuda motivado por los elevados tipos de interés, señalan. Por otra parte, las movilizaciones y protestas registradas en el ámbito nacional español responden a dinámicas artificiosas o pequeñas facciones radicales, careciendo de un movimiento revolucionario con respaldo ciudadano real. «No creo que el el problema francés se vaya a transmitir hacia España como se ha transmitido a Italia o a Bélgica», señala Buesa.
De la «tormenta perfecta» global al gasto electoralista
El escenario internacional está marcado por la confluencia de tres focos de inestabilidad, según Pin Arboledas: un endeudamiento global sin precedentes (100 billones de dólares de deuda pública), reajustes bursátiles en las empresas tecnológicas por dudas de rentabilidad y las tensiones en los precios del petróleo.
Si los bancos centrales se ven obligados a mantener o elevar los tipos para contener la inflación, el endurecimiento de la masa monetaria puede desatar una crisis combinada, estima.
Frente a esta vulnerabilidad, la estrategia del Ejecutivo español se asemeja a la de un «okupa» que dilapida recursos mediante políticas de reparto sin recorrido. «¿Qué hace un okupa cuando le van a desahuciar? Normalmente destroza el piso. Eso es lo que está haciendo el Gobierno con España», sostiene Pin Arboledas.
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Los partidos políticos están ya en modo electoral, y cada uno defiende sus posturas, también en el lado económico. ¿Puede el Gobierno de Sánchez estar satisfecho de su gestión en materias como las pensiones, la vivienda o el salario mínimo interprofesional? Los catedráticos Santiago Carbó y Rafael Pampillón explican por qué no en nuestro podcast El Debate de la Economía, cuyo audio puede oírse íntegro pulsando al inicio de estas líneas.
«En materia de vivienda, la situación es muy mala debido a una falta severa de oferta que ha encarecido los precios», señala Carbó. «Aunque esto aumenta la rentabilidad de los propietarios, las medidas de los últimos ocho años no han sido suficientes para garantizar el acceso asequible en compra o alquiler», añade.
Pampillón añade que «la creación de hogares ha crecido con fuerza, y la población roza ya los 50 millones de habitantes. El desajuste entre los nuevos hogares y los inmuebles terminados acumula un déficit de 750.000 viviendas en los últimos cinco años. No se ha actuado para apoyar la construcción privada ni para impulsar la vivienda social».
En cuanto a las pensiones, la revalorización está garantizada, «pero el debate real sobre su sostenibilidad financiera se ha ido posponiendo de forma continuada», lamenta Carbó. «La revalorización de las pensiones está asegurada bajo cualquier Gobierno», coincide Pampillón. «Sin embargo, la llegada a la jubilación de la generación del baby boom incrementará el gasto en prestaciones elevadas, mientras que los trabajadores jóvenes aportan cotizaciones menores. Cuando los gastos superan a los ingresos, el sistema sufre, por lo que sería imprescindible convocar los Pactos de Toledo para acordar soluciones de consenso», añade.
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