El Podcast de Marc Vidal

12.183 detenciones en un solo año. Es la cifra que la policía de Inglaterra y Gales practicó en 2023 por mensajes "ofensivos" en internet: treinta y tres al día, un 58% más que antes de la pandemia, mientras las condenas caían a la mitad. Y en el Estado de la Unión 2026, Ursula von der Leyen ha recibido una ovación cerrada al prometer que Europa irá bastante más lejos, en nombre de nuestros hijos.

El EU Kids Act prohíbe las redes sociales antes de los 13 años y las cuentas propias antes de los 15, y alcanza también a videojuegos y chatbots. Pero para saber que un usuario tiene 12 años hay que comprobar la edad de todos. La herramienta ya existe: la cartera de identidad digital europea, que los 27 Estados deben ofrecer antes del 31 de diciembre. Australia sirvió de ensayo general, con las descargas de VPN disparadas un 400% en un día.

Un día antes del discurso, Friedrich Merz respondía a un estudiante que no le vinieran con la libertad de expresión, y defendía el nombre real obligatorio en internet. Von der Leyen quiere saber cuántos años tienes; Merz quiere saber quién eres. Los dos necesitan la misma pieza técnica. A eso se suman la "guerra cognitiva", la Ley de Servicios Digitales, Chat Control y la regulación de la inteligencia artificial de frontera, cada una con una coartada distinta y un esqueleto común.

John Stuart Mill y Wilhelm von Humboldt ya describieron hace más de dos siglos qué ocurre cuando un Estado decide protegerte de ti mismo. La pregunta es qué queda del ciudadano cuando cada ley nueva empieza exigiendo que demuestre quién es.

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La deuda federal de Estados Unidos ha superado los 40 billones de dólares, y en lo que va de 2026 siete bancos centrales han comprado 219 toneladas de oro. La conclusión rápida es que el mundo ya no se fía del dólar. Sin embargo, Washington sigue colocando cada bono que emite, así que la pregunta útil es otra: quién los compra, con qué dinero y durante cuánto tiempo puede sostenerlos.

Este vídeo esta apadrinado por Trade Republic. Infórmate aquí: https://trade.re/marc3

Los datos del Tesoro para los doce meses hasta junio muestran que los bancos centrales extranjeros vendieron deuda estadounidense mientras los inversores privados la compraban. Investigadores de la Reserva Federal calculan que fondos domiciliados en las islas Caimán absorbieron el equivalente al 37% de la emisión neta de bonos entre 2022 y 2024, en buena parte con dinero prestado que se renueva a muy corto plazo. El colchón de liquidez que la Fed ofrecía a los fondos monetarios llegó a superar los dos billones y hoy apenas roza los 5.000 millones.

El episodio recorre lo que ocurre cuando esa financiación se atasca. Pasó en el mercado repo en septiembre de 2019, con tipos cercanos al 9%, y pasó en Londres en 2022, cuando los fondos de pensiones británicos se convirtieron en vendedores forzados y la primera ministra dimitió en menos de un mes. Después cruza a Tokio, donde el bono a diez años ha tocado el 3% por primera vez en tres décadas, y a París, que paga más que Italia pese a tener mejor calificación.

Con Walter Bagehot y Hyman Minsky como guías, la pregunta final es incómoda: si el sistema siempre encuentra a alguien que financie al comprador, ¿quién acaba pagando la factura cuando ese alguien desaparece?
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OpenAI y Anthropic están invirtiendo cantidades gigantescas en inteligencia artificial mientras sus dirigentes empiezan a defender una carrera más lenta, más regulación y mayores controles de seguridad.En este episodio analizo qué hay detrás de esa coincidencia.

Hablamos de Dario Amodei, Sam Altman, las posibles salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic, sus formularios S-1, el coste del cómputo, el CAPEX, los centros de datos y una pregunta que rara vez aparece cuando se habla del riesgo existencial de la IA: ¿qué ocurre financieramente si todos los grandes laboratorios frenan al mismo tiempo?

Los riesgos de la inteligencia artificial pueden ser reales y, al mismo tiempo, una regulación costosa puede beneficiar a quienes ya tienen el capital, la infraestructura y los abogados necesarios para cumplirla.No hace falta una conspiración.

Basta con que los incentivos empiecen a coincidir.

OpenAI, Anthropic, inteligencia artificial, regulación de la IA, Dario Amodei, Sam Altman, ChatGPT, modelos de frontera y futuro de la IA.
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496 en 2015. 451 en 2025. Cuarenta y cinco puntos menos en comprensión lectora, y veinte puntos en esta escala equivalen a un curso escolar entero. España acaba de firmar su peor PISA desde que existe el informe y, por primera vez desde el año 2000, cae a la vez en lectura, matemáticas y ciencias. Un tercio de los alumnos españoles no alcanza el nivel mínimo en matemáticas: el que sirve para comparar dos rutas o pasar un precio de una moneda a otra.

La explicación cómoda ya circula: las pantallas. Pero Estonia está entre los diez mejores sistemas del mundo y vota por internet desde hace veinte años. Corea del Sur y Singapur, los dos mejores de la OCDE en lectura, están metiendo inteligencia artificial en el aula a gran escala. La propia OCDE dice en este informe que el uso moderado de dispositivos para aprender se asocia a mejores resultados que no usarlos y que usarlos sin freno. Suecia, que fue el laboratorio digital de Europa, se ha gastado más de cien millones de euros en devolver los libros de papel a las clases después de su propio batacazo.

El dato que ordena todo lo demás es otro. España cae desde 2015, con dos gobiernos de signo contrario y dos leyes educativas distintas, y la curva ni se ha enterado. Si el color del gobierno no es la variable, la variable es lo que ninguno ha querido tocar.

El 86% de los centros españoles ya prohíbe el móvil en clase. Los adolescentes pasan 3,4 horas diarias con él fuera del colegio, que es exactamente donde la OCDE sitúa el daño a la lectura. Hemos puesto un portero en la puerta del instituto y hemos dejado sin nadie las otras veintidós horas del día.

¿Cuándo fue la última vez que hiciste la cuenta antes de pedírsela a la máquina?
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En 1943, una aseguradora de vida decidió qué peso era el correcto, y ese cálculo actuarial sigue detrás del índice de masa corporal que hoy aparece en cualquier revisión médica.Analizamos cómo la comisión de The Lancet liderada por Francesco Rubino separó en 2025 la obesidad clínica de la preclínica, y por qué ese giro clínico abre la puerta a que un sistema público o una aseguradora privada financien un tratamiento de por vida. Repasamos el precio de la semaglutida en Estados Unidos frente a los genéricos que ya circulan en India tras la caída de la patente en 2026, y una fecha que resume la desigualdad: Medicare amplió su cobertura para estos fármacos el mismo día en que Massachusetts la retiraba para las rentas más bajas.También entra Japón, donde desde 2008 una ley obliga a medir la cintura de cincuenta millones de personas por motivos fiscales, no estéticos, y datos daneses recientes que vinculan estos tratamientos con menos bajas laborales de larga duración. Y vemos hacia dónde se mueve el dinero cuando cambia el cuerpo: Weight Watchers, que vendió disciplina durante sesenta años, entró en concurso de acreedores en 2025, mientras el gasto en ropa de quienes toman estos fármacos sube casi un diez por ciento. El capital no desaparece. Cambia de bolsillo. El economista Thorstein Veblen ya explicó hace más de un siglo por qué los signos de estatus corporal cambian de sentido en cuanto dejan de ser exclusivos.
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