Atando cabos

La mayor tragedia de la Alta Velocidad ferroviaria en España, tras el accidente del Alvia en Galicia en 2013. De lo que más sacaba pecho el ministro de Transportes, Oscar Puente. El orgullo y ejemplo mundial de infraestructuras descarrilando en Andalucía. El triunfalismo del ministro no disimulado. Tras el accidente. Y después de la consternación y dar el pésame a la víctimas y el aliento a los heridos, el Gobierno desde el primero momento, desde la primera comparecencia desde el lugar del accidente, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez terminaba sui intervención destacando algo que el Ejecutivo ha venido repitiendo. Que no especulemos, que los ciudadanos no se dejen llevar por bulos y desinformaciones, que no nos hagamos eco de informaciones no oficiales.

Ante el volumen importante de información que conocimos en los informes de la UCO entregados al juez del Tribunal Supremo semanas antes de Navidad hubo cuestiones, detalles de la investigación interesantes que pasaron algo mas desapercibidas. Centrados, como es obvio, en las actividades presuntamente ilícitas de Santos Cerdán y de su empresa “Servinabar”. De como el modus operandi consistía en presentarse a concursos de la mano de una gran empresa, concursos presuntamente amañados con anterioridad. De como luego percibía un porcentaje de mordidas. Además de todo lo relacionado con Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, en el informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al magistrado, existía un archivo de Word titulado «PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx» y que recoge las exigencias de nombramientos que el Partido Nacionalista Vasco trasladó al PSOE en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018.

Descolocados todos. Gobierno, PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos, los colectivos de venezolanos en el exilio, la oposición política dentro y fuera de Venezuela. Atónitos la mayoría. La reacciones en España de lo ocurrido en Venezuela, la operación militar primero, la detención de maduro después, y los planes posteriores han sido contradictorias, extrañas, y sobre todo cambiantes. De hecho la reacción primera de cualquiera de ellos no tiene nada que ver con la reacción posterior.

Había pasado 560 días sin votar. 560 días sin que nadie expresara su voluntad a unas urnas. Hasta que los ciudadanos extremeños votaron el domingo 21 de diciembre. Es decir, era la primera cita con las urnas para evaluar, examinar, el sanchismo de los últimos casi dos años. Era la primera muestra real en las urnas, no encuestas, la primera prueba después de todo lo que ha ocurrido en este país durante esta legislatura. Con los casos y escándalos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE, con los dos secretarios de organización del PSOE en la cárcel, Con las denuncias de acoso sexual y con un Gobierno sin mayoría, sin poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni ninguna ley importante.

De entre todos los informes de la UCO e informaciones que hemos conocido en los últimos días hay uno que llamaba la atención especialmente y que corresponde a una trama de las que menos se ha hablado pero que los investigadores consideran de las más importantes por el volumen supuestamente defraudado y malversado y por la cantidad de ramificaciones que contienen: el caso hidrocarburos. El que investiga una presunta organización criminal dedicada al fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en el sector de distribución de carburantes en España.