Atando cabos

Conviene decirlo sin rodeos: la figura del colaborador con la Justicia incomoda porque parece premiar a quien también delinquió. Pero esa incomodidad es, precisamente, el precio que cualquier sociedad y estado de derecho debe pagar si quiere desmontar estructuras de poder opacas, construidas para que ningún testigo externo pueda dar fe de lo que ocurre en su interior.Las organizaciones criminales y las tramas de corrupción no dejan rastro documental accesible: funcionan mediante acuerdos verbales, pagos en efectivo y silencios pactados. Frente a eso, el Estado de derecho muchas veces está desprotegido, solo dispone de dos caminos: esperar años a que aparezca una prueba material —si aparece— o incentivar a quien estuvo dentro para que hable.La sentencia del TS del caso Abalos, sentencia por unanimidad, lo dice con una claridad que pocas veces se lee en una resolución judicial: [[LINK:INTERNO|||Article|||6a39217c33810700077dca3d|||sin la declaración de un coautor, la investigación no habría avanzado]] y la condena, sencillamente, no habría llegado. Esto conviene no olvidarlo. Y eso no convierte a Aldama en un héroe ni borra su responsabilidad penal —de hecho, ha sido condenado—, pero sí demuestra que la legislación, lejos de ser una concesión arbitraria, responde a un cálculo razonable: es mejor una pena reducida y una verdad esclarecida, que una pena íntegra sobre una verdad que nunca llega a conocerse.Los casos Gürtel y Púnica enseñaron la misma lección años antes: sin Peñas no habría existido la primera sentencia firme contra un partido político en España; sin la confesión de Marjaliza, buena parte de la red de comisiones que recorrió ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid durante más de una década habría seguido siendo, hoy, una sospecha sin nombre ni cifras.Premiar al delator, al colaborador, no es renunciar a la Justicia: es, paradójicamente, la única forma de que la Justicia llegue a producirse en los casos donde el poder se ejerce con opacidad.

En una de la frases recogida entre los mensajes que la investigación judicial ha logrado rastrear entre los responsables de Plus Ultra, la aerolínea de un solo avión que recibió 53 millones del Gobierno.El directivo de la compañía Rodolfo Reyes se refería a Zapatero como "nuestra pana Zapatero". Pana, en el habla venezolana, es sinónimo de amigo, de socio de confianza. La confianza, precisamente, es la palabra que ha sobrevolado toda una jornada histórica: la primera vez, desde la Transición, en que un expresidente del Gobierno se ha sentado como investigado ante un juez de la Audiencia Nacional.José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles ante el magistrado José Luis Calama, y aunque en ocasiones, y escuchadas las grabaciones, pareciera que estaba en una comisión del Senado, o respondiendo a explicando con negaciones a periodistas o a sus compañeros de partido. Zapatero estaba delante de un juez imputado por delitos muy graves relacionados con la corrupción: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública. Ni disipó dudas sobre su presunto papel como comisionista internacional ni detalló el origen de las valiosas joyas incautadas en su despacho y que han destruido su credibilidad como referente ético de la izquierda.

Hay un viejo refrán español —de esos que sobreviven porque destilan una verdad inagotable— que dice que cada uno arrima el ascua a su sardina. En la España de la polarización permanente, del muro levantado contra el adversario como consigna de gobierno, de los bandos que se atrincheran en sus propias realidades paralelas, ese refrán ha encontrado su versión pontificia: todos han querido arrimar el Papa a su sardina.

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez Santiago Pedraz el informe 89/2026 —un documento de cientos de páginas con grabaciones, correos electrónicos, mensajes, facturas y conversaciones que durante meses había permanecido bajo secreto de sumario—, la pregunta que sobrevolaba la Audiencia Nacional era la misma que muchos ciudadanos se habían formulado durante años: ¿hasta dónde llegaba realmente la mano del poder?

Lo que describe el último auto del juez Pedraz tiene una dimensión diferente, quizás inédita en nuestra democracia: no es la corrupción de individuos que aprovechan el poder para enriquecerse, que ya es grave, sino la conversión del aparato de un partido de gobierno en instrumento de obstrucción sistémica a la acción de la justicia.