Atando cabos

Retumbaron en las paredes de la sala de vistas del Tribunal Supremo. Vicotr de Aldama, el empresario central de la trama, el nexo corruptor, confesó, acusó, se volvió autoinculpar. Y aportó la principal prueba: él mismo. Su propio testimonio. Porque no hay que olvidar, hay que tenerlo siempre muy presente, el hecho de que Aldama es el acusado que está colaborando con la Justicia.

¿Realmente es tan polémico ese término, y esa práctica? ¿De qué estamos hablando? De una violación de la Constitución, como dijo Pedro Sánchez, o de algo que en la práctica, las administraciones públicas españolas ya aplican bajo el nombre y el criterio de arraigo —aunque no siempre con ese nombre— para ordenar el acceso a recursos escasos? Pocas expresiones han generado tanta discusión reciente como “prioridad nacional”. Introducida en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura primero, y replicada después en Aragón, la fórmula ha actuado como un auténtico catalizador del debate político. No es casual. El concepto, de resonancias europeas —especialmente vinculado a la derecha francesa—, aparece en documentos oficiales como un principio orientador para el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y servicios sociales. Sin embargo, su redacción en los acuerdos no es tajante. Lejos de establecer una exclusión directa por nacionalidad, los textos pactados no hablan de prioridad nacional. Literalmente los textos hablan de “arraigo real, duradero y verificable” como criterio para priorizar el acceso a recursos públicos. Ahí reside una de las claves de la controversia: ¿se trata de una medida de discriminación o de un criterio administrativo ya existente bajo otro nombre?

Si hay una causa judicial relacionada con la corrupción que ha preocupado y preocupa realmente a Pedro Sánchez, con independencia de que sea la más grave de las que se están investigando y juzgado, es la de la que afecta a su mujer, Begoña Gómez. La que provocó en su momento aquello inéditos 5 días de reflexión del presidente del Gobierno que terminó con una declaración en la que se manifestaba víctima de una persecución de bulos por parte de pseudomedios.

La primera semana del juicio del llamado caso Koldo, caso Ábalos en el Tribunal Supremo no ha traído grandes revelaciones, pero sí algo más corrosivo: la confirmación, bajo juramento, de un relato que durante meses parecía excesivo incluso para los estándares de la política española. Y, sin embargo, ahí está. Y de forma sorprendente este juicio que en realidad juzga unos hechos muy graves, lo suficientemente graves como el cobro de comisiones y mordidas a cambio de material sanitario en lo peor de la pandemia, se ha visto incrementado por testimonios que hablan del trasiego de billetes en metálico en la sede de Ferraz , fajos en metálico, sobres y bolsas de billetes. Desde el martes, el banquillo ocupado por un exministro de Transportes —José Luis Ábalos—, su asesor más cercano —Koldo García— y el empresario Víctor de Aldama ha proyectado una imagen difícil de digerir: la de un núcleo de poder donde lo público y lo privado se entrelazaban con una naturalidad inquietante. Uno de los elementos más perturbadores de la semana ha sido la reiteración, desde distintos ángulos, de un mismo hilo conductor: el dinero en efectivo circulando en torno al entorno del exministro.

El próximo día 7 de abril comienza en el Tribunal Supremo la vista oral del primero de los muchos casos de corrupción que tenemos por delante y que afectan al PSOE y ex miembros del Gobierno de Sánchez. El conocido como Caso de las mascarillas, o caso Ábalos, el que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por actuar en mitad de lo peor de la pandemia de manera coordinada, según el auto del Supremo, para obtener beneficios económicos de la venta de material sanitario mediante la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas aprovechando la posición de influencia de Ábalos, tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba el cargo de secretario de organización.