Atando cabos

En cualquier país democrático de nuestro entorno. En cualquier país occidental. Si hay algo que jamás, jamás debería hacer un Gobierno es dejar a los pies de los caballos, poner en jaque, a tus propios servicios de Inteligencia. Inlcuso aunque se equivoquen, que además no es el caso. Pero lo servicios de información, los servicios de inteligencia no sólo forman parte esencial en la estructura de un Estado, o sólo forma parte fundamental del propio Gobierno, incluido en el ministerio de Defensa, sino que es un espejo de cara al exterior del funcionamiento y la coordinación de nuestra seguridad nacional.

El 30 de julio de 2026, en un solo día, casi 80.000 personas, según fuentes oficiales del CNI, se lanzaron al mar y cruzaron a pie la frontera para entrar en la ciudad española de Ceuta, que tiene 80.000 habitantes. Es decir, casi el equivalente a toda la población de Ceuta entró en la ciudad.

Durante meses, José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo una estrategia de mínimos que sorprendentemente sigue sosteniendo: presunción de inocencia, y negación de todo. No, nunca, jamás. Negación genérica y confianza en que el ruido se disolvería antes de llegar a los hechos concretos. Esa actitud —distante, casi displicente, de quien parece situarse por encima del procedimiento judicial que le afecta— ha podido funcionado mientras el caso Plus Ultra permaneció en el terreno de la sospecha política o la imputación . Pero una vez se produjo la imputación, los registros, la aparición de las joyas, el auto del juez, los escritos de la fiscalía, y el silencio solo roto esta semana en TVE. Una vez el considerado su testaferro y amigo, Julio Martínez, todo comenzaba a derrumbarse.

Más allá del fallo concreto, lo más reseñable de la sentencia 152/2026, la ya conocida como la sentencia del hermanísimo es, quizá, un párrafo que no forma parte del relato de hechos ni de la parte dispositiva, sino de los fundamentos jurídicos con los que el tribunal explica su razonamiento. Antes de entrar a calificar penalmente los hechos, la Audiencia dedica varias líneas a describir qué es el nepotismo y por qué debe preocupar como fenómeno social, al margen de si es o no delito: lo define como el "trato de favor o 'enchufismo' hacia familiares o amigos" en el acceso a puestos, ascensos o ventajas públicas, al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución exige en el acceso a la función pública.

Nunca antes, en el ejercicio de sus funciones había sido imputada por varios delitos relacionados con la corrupción, nada menos, que la directora general de la Guardia Cvil. Eso ha ocurrido esta pasada semana. Eso está ocurriendo. Y la anestesia por acumulación de escándalos sigue actuando. Ese hito, que debería figurar como una anomalía institucional de primer orden, se ha consumado casi de puntillas, con el Gobierno cerrando filas antes de que ni siquiera se lo tome declaración, antes de que ni siquiera avance la investigación.