Atando cabos

Durante meses, José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo una estrategia de mínimos que sorprendentemente sigue sosteniendo: presunción de inocencia, y negación de todo. No, nunca, jamás. Negación genérica y confianza en que el ruido se disolvería antes de llegar a los hechos concretos. Esa actitud —distante, casi displicente, de quien parece situarse por encima del procedimiento judicial que le afecta— ha podido funcionado mientras el caso Plus Ultra permaneció en el terreno de la sospecha política o la imputación . Pero una vez se produjo la imputación, los registros, la aparición de las joyas, el auto del juez, los escritos de la fiscalía, y el silencio solo roto esta semana en TVE. Una vez el considerado su testaferro y amigo, Julio Martínez, todo comenzaba a derrumbarse.

Más allá del fallo concreto, lo más reseñable de la sentencia 152/2026, la ya conocida como la sentencia del hermanísimo es, quizá, un párrafo que no forma parte del relato de hechos ni de la parte dispositiva, sino de los fundamentos jurídicos con los que el tribunal explica su razonamiento. Antes de entrar a calificar penalmente los hechos, la Audiencia dedica varias líneas a describir qué es el nepotismo y por qué debe preocupar como fenómeno social, al margen de si es o no delito: lo define como el "trato de favor o 'enchufismo' hacia familiares o amigos" en el acceso a puestos, ascensos o ventajas públicas, al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución exige en el acceso a la función pública.

Nunca antes, en el ejercicio de sus funciones había sido imputada por varios delitos relacionados con la corrupción, nada menos, que la directora general de la Guardia Cvil. Eso ha ocurrido esta pasada semana. Eso está ocurriendo. Y la anestesia por acumulación de escándalos sigue actuando. Ese hito, que debería figurar como una anomalía institucional de primer orden, se ha consumado casi de puntillas, con el Gobierno cerrando filas antes de que ni siquiera se lo tome declaración, antes de que ni siquiera avance la investigación.

Conviene decirlo sin rodeos: la figura del colaborador con la Justicia incomoda porque parece premiar a quien también delinquió. Pero esa incomodidad es, precisamente, el precio que cualquier sociedad y estado de derecho debe pagar si quiere desmontar estructuras de poder opacas, construidas para que ningún testigo externo pueda dar fe de lo que ocurre en su interior.Las organizaciones criminales y las tramas de corrupción no dejan rastro documental accesible: funcionan mediante acuerdos verbales, pagos en efectivo y silencios pactados. Frente a eso, el Estado de derecho muchas veces está desprotegido, solo dispone de dos caminos: esperar años a que aparezca una prueba material —si aparece— o incentivar a quien estuvo dentro para que hable.La sentencia del TS del caso Abalos, sentencia por unanimidad, lo dice con una claridad que pocas veces se lee en una resolución judicial: [[LINK:INTERNO|||Article|||6a39217c33810700077dca3d|||sin la declaración de un coautor, la investigación no habría avanzado]] y la condena, sencillamente, no habría llegado. Esto conviene no olvidarlo. Y eso no convierte a Aldama en un héroe ni borra su responsabilidad penal —de hecho, ha sido condenado—, pero sí demuestra que la legislación, lejos de ser una concesión arbitraria, responde a un cálculo razonable: es mejor una pena reducida y una verdad esclarecida, que una pena íntegra sobre una verdad que nunca llega a conocerse.Los casos Gürtel y Púnica enseñaron la misma lección años antes: sin Peñas no habría existido la primera sentencia firme contra un partido político en España; sin la confesión de Marjaliza, buena parte de la red de comisiones que recorrió ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid durante más de una década habría seguido siendo, hoy, una sospecha sin nombre ni cifras.Premiar al delator, al colaborador, no es renunciar a la Justicia: es, paradójicamente, la única forma de que la Justicia llegue a producirse en los casos donde el poder se ejerce con opacidad.

En una de la frases recogida entre los mensajes que la investigación judicial ha logrado rastrear entre los responsables de Plus Ultra, la aerolínea de un solo avión que recibió 53 millones del Gobierno.El directivo de la compañía Rodolfo Reyes se refería a Zapatero como "nuestra pana Zapatero". Pana, en el habla venezolana, es sinónimo de amigo, de socio de confianza. La confianza, precisamente, es la palabra que ha sobrevolado toda una jornada histórica: la primera vez, desde la Transición, en que un expresidente del Gobierno se ha sentado como investigado ante un juez de la Audiencia Nacional.José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles ante el magistrado José Luis Calama, y aunque en ocasiones, y escuchadas las grabaciones, pareciera que estaba en una comisión del Senado, o respondiendo a explicando con negaciones a periodistas o a sus compañeros de partido. Zapatero estaba delante de un juez imputado por delitos muy graves relacionados con la corrupción: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública. Ni disipó dudas sobre su presunto papel como comisionista internacional ni detalló el origen de las valiosas joyas incautadas en su despacho y que han destruido su credibilidad como referente ético de la izquierda.