La Radioteca con Dieter Brandau

El presidente del Grupo Libertad Digital habla con Dieter Brandau en el epílogo de la última serie de La Radioteca.

Federico Jiménez Losantos ha querido participar en la última entrega de La Radioteca, comentando en un epílogo las cuatro historias de esos denunciantes de la corrupción que protagonizan El precio de ser honrado en España.

Roberto Macías, el joven mejicano que destapó un fraude millonario en UGT-Andalucía y acabó convertido en el primer condenado del caso.

Roberto Macías, un joven mexicano que llegó a España como estudiante Erasmus, acabó trabajando en UGT-Andalucía, donde descubrió un sistema de corrupción vinculado a la gestión de subvenciones públicas para formación de desempleados. Desde su puesto en el área de compras, comenzó a detectar prácticas irregulares como la manipulación de facturas, la creación de una contabilidad paralela y el uso de mecanismos como el "bote" o el "ráppel" para justificar gastos, lo que apuntaba a un fraude de gran escala en el sindicato.

Tras ser despedido, decidió filtrar a la prensa más de 22.000 documentos internos que destaparon el escándalo y provocaron la dimisión de la cúpula de UGT-Andalucía. Sin embargo, esa acción lo convirtió en objetivo de una fuerte campaña de presión y en el principal perseguido judicialmente del caso, llegando a ser condenado por revelación de secretos. Años después, mientras varios responsables del fraude fueron finalmente condenados, su figura quedó como ejemplo del alto coste personal que puede tener denunciar la corrupción.

Antonio Rico, la historia de un policía local que se negó a callar ante la corrupción y y acabó acosado, aislado y marcado durante años.

Antonio Rico, criado en una familia de tradición militar y con vocación de servicio, cumplió su sueño de convertirse primero en guardia civil y después en policía local en Torrevieja, la ciudad donde pasó los veranos de su infancia. Su incorporación al cuerpo estuvo marcada por la ilusión de trabajar en su lugar ideal, pero pronto empezó a detectar irregularidades en el funcionamiento de la comisaría, incluidas multas que desaparecían y prácticas ilegales toleradas por parte de sus superiores.

Al decidir no mirar hacia otro lado, se convirtió en objetivo de una campaña de acoso dentro del propio cuerpo policial. Durante años sufrió aislamiento, hostigamiento y consecuencias personales y psicológicas, pese a contar con algunas sentencias favorables que reconocían el daño sufrido. Le hicieron la vida imposible sin dejarle siquiera la posibilidad de huir. Aunque la justicia acabó dándole la razón e indemnizándole, su carrera quedó profundamente marcada. La historia refleja el alto coste personal de denunciar la corrupción incluso dentro de instituciones encargadas de combatirla.

Miguel Pueyo, el funcionario que se enfrentó al poder independentista catalán por negarse a dar privilegios en la cárcel a los presos del procés.

La tranquilidad de la cárcel de Lledoners se rompió con la llegada de los siete políticos independentistas acusados de dar un golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Lo que debía ser un centro penitenciario ordinario comenzó a transformarse en un lugar lleno de privilegios, irregularidades y trato de favor hacia los dirigentes separatistas.

Mientras gran parte los funcionarios miraban hacia otro lado, Miguel Pueyo, entonces jefe de servicio de la prisión, decidió denunciar internamente lo que estaba sucediendo. Su negativa a aceptar esas irregularidades desencadenó en años de represalias. Fue expedientado, apartado de su puesto, acosado laboralmente y señalado incluso por compañeros y responsables políticos. A través de su testimonio, este podcast reconstruye cómo un funcionario acabó enfrentándose al aparato político y administrativo catalán por defender la legalidad y cumplir con su deber.

Cristóbal Cantos denunció irregularidades en la empresa pública andaluza y lo perdió todo: trabajo, hogar y tranquilidad por negarse a callar.

El caso Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, fue uno de los grandes escándalos de corrupción del socialismo andaluz. Desde Invercaria se regó con dinero público a empresarios afines al PSOE. Para justificarlo, desde la dirección ordenaron a sus trabajadores falsificar los informes de las inversiones irregulares. Pero hubo uno que se negó: Cristóbal Cantos, el protagonista de nuestra historia.

Cristóbal realizó grabaciones en las que la presidenta de Invercaria le amenazaba con el despido si no participaba de aquel entramado. El técnico, efectivamente, fue despedido, perseguido judicialmente, detenido y señalado públicamente por todo el aparato de la Junta de Andalucía y del PSOE. Sin apoyo político y con enormes dificultades para encontrar trabajo, acabó abandonando Andalucía. Cristóbal pagó un alto precio por ser honrado.