La toma y la retoma del palacio de justicia 40 años después, una herida que no cicatriza
Hoy, 6 de noviembre de 2025, se cumplen 40 años de la trágica toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos y controversiales de la historia de Colombia. En 1985, la guerrilla del M-19 irrumpió a sangre y fuego en el edificio con la intención de juzgar al entonces presidente Belisario Betancur, lo que desencadenó una brutal respuesta del Estado. La retoma, también a sangre y fuego, se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza: el Ejército y la Policía entraron arrasando el Palacio, dejando cerca de cien muertos entre magistrados, funcionarios, militares y guerrilleros, y destruyendo el recinto de la justicia. Cuatro décadas después, el país sigue dividido entre las versiones de lo ocurrido y la lucha de las víctimas por la verdad y la memoria. En este contexto, el presidente Gustavo Petro, exintegrante del M-19, ha mostrado poca visión frente a la conmemoración de la tragedia: lo que se ha visto es una narrativa de ruptura, en la que ha decidido construir un escenario heroico alrededor de figuras como Andrés Almarales —el comandante del operativo que entró a sangre y fuego al Palacio—, presentándolo como un insigne patriota. Además, se ha equivocado al tratar de imponer los símbolos del M-19, como la bandera o el sombrero de Carlos Pizarro, sin considerar el dolor de las víctimas ni su necesidad de justicia. Su postura, más interesada en imponer una narrativa gloriosa que en reconstruir la verdad de lo sucedido, no contribuye a la construcción de la memoria colectiva que Colombia aún tiene pendiente.
Nos acompaña Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante el holocausto del palacio de justicia, y directora de la Fundación Carlos Horacio Urán, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la construcción de memoria. También está con nosotros Tomás Corredor, director de la película Noviembre, una producción que reabrió el debate sobre cómo contar esta historia. La controversia que despertó su película —tutelada por la familia del magistrado Gaona, que consideró que afectaba su honra y reputación al presentarlo como un hombre débil y cercano al M-19— es una muestra de que, cuatro décadas después, aún no existe un consenso sobre lo que realmente ocurrió en el Palacio de Justicia. Aunque la justicia falló a favor de la libertad de expresión y la cinta realizó algunos ajustes, el debate sigue abierto: ¿Cómo narrar una tragedia que sigue doliendo y dividiendo al país?
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