Hace unos días, el Consejo de Estado tomó una decisión sin precedentes al decretar la suspensión temporal del decreto presidencial mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro había fijado un aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para 2026, tras no lograrse una concertación entre sindicatos y empresarios. El incremento generó fuertes críticas por parte de gremios e industriales, que advirtieron posibles efectos negativos sobre la inflación, la informalidad y el empleo. Sin embargo, en medio del debate electoral ocurrió algo inesperado: incluso candidatos que habían sido particularmente duros contra la medida salieron a defender que no se podía reversar un aumento con el que millones de trabajadores ya habían hecho cuentas para organizar su año. Lo cierto es que la decisión del Consejo de Estado abrió un nuevo escenario político y jurídico, al ordenar al Gobierno expedir un nuevo decreto en el plazo de una semana, lo que obliga a buscar algún tipo de acuerdo o salida institucional en tiempo récord. Hoy en A Fondo analizamos qué puede pasar con esta controversia y cuáles son sus implicaciones económicas y políticas, con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
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