24 horas

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero abre el debate sobre donde está la diferencia entre el lobby y el tráfico de influencias. Hablamos sobre ello en 24 Horas RNE con Mireia del Pozo, Premio Mundial de la Paz en Igualdad y miembro del Tribunal Laboral de Cataluña y con Isabel Álvarez Vélez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas. Ambas coinciden que la diferencia reside en la "transparencia y la legalidad". Recuerda que un lobby es una actividad legal y que no buscan "su propio beneficio". Apuntan que "hay un pensamiento negativo" pero recuerda que las ONG o los sindicatos ejercen como lobbies y ponen el ejemplo de las reuniones que se tienen para la elaboración de los Presuspuestos Generales del Estado.
En el caso de excargos públicos colaborando con lobbies, creen que debería regularse: "Son personas de máxima influencia, con los máximos contactos". Por este motivo señalan que el régimen de incompatibilidades se puede quedar corto y aseguran que "es muy fácil de regular". Ponen el ejemplo de la Unión Europea en la que los lobbies deben apuntarse a un registro para poder operar y recuerdan que precisamente Europa le está pidiendo a España mejoras en ese aspecto. A la vez, reconocen que es díficl demostrar cuando se actúa como lobby y cuando se está cometiendo un delito de tráfico de influencias porque en este último caso la metodología es secreta: "Se mueven en las sombras, está montado para no ser descubierto".

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Sumar señala que el auto del juez Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero solo recoge indicios que deben ser probados y pide dejar trabajar a la justicia. Lo ha dicho en el informativo 24 Horas de RNE su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero. "No es una condena, no es una sentencia [...] Es un auto que lo que tiene que hacer la justicia luego es investigar y descubrir si realmente se concluye que todos los hechos que ahí se indican", dice y señala que su interés principal es que se investigue adecuadamente igual que "en cualesquiera otros casos previos". Cree que no afectará a la supervivencia de la legislatura y descarta el apoyo a una posible moción de censura. Incide en que los juicios públicos no son positivos y alerta de la peligrosidad de las condenas mediáticas, especialmente cuando no existe una sentencia firme, por lo que pide respetar la presunción de inocencia. "Las investigaciones de este tipo de procesos pueden durar muchísimos años, como le ha pasado a Rajoy, que hace dos días descubrimos quién era M. Rajoy", señala. Aunque evita hablar de 'lawfare', sí opina que se producen imputaciones "con una celeridad mayor" a políticos de izquierdas que de derechas.

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