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El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha defendido el cierre del estrecho de Ormuz como forma de presionar a sus enemigos. En su primer mensaje tras suceder a su padre, Alí Jamenei, ha llamado además a atacar bases de Estados Unidos en la región y ha prometido vengar a las víctimas del conflicto. El estrecho de Ormuz es un paso estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, por lo que su bloqueo supondría un fuerte impacto en los mercados energéticos globales.

Ante la subida de los combustibles, el Gobierno español prepara ayudas para el campo y el transporte, sectores especialmente afectados por el encarecimiento del carburante. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Ejecutivo trabaja en medidas específicas y estudia también actuaciones sociales como el bono social eléctrico. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha advertido de que el Gobierno no permitirá que las energéticas se aprovechen de la crisis.

Mientras, Podemos reclama convocar un Consejo de Ministros urgente y acusa al Gobierno de reaccionar tarde ante el impacto económico de la guerra. El partido propone su “plan anti-Trump”, que incluye limitar el precio del gas, congelar la luz, topar los alimentos y crear supermercados públicos para garantizar el acceso a bienes básicos. En paralelo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, resta importancia a las amenazas comerciales de Donald Trump y recuerda que la política comercial depende de la Unión Europea.

El conflicto sigue presionando al alza los precios del petróleo y los carburantes. Desde el inicio de la guerra en el golfo Pérsico, el gasóleo ha subido un 25%, hasta 1,802 euros por litro, y la gasolina un 13%, hasta 1,679 euros. Irán ha intensificado sus ataques contra cargueros en la región y la Guardia Revolucionaria admite que busca elevar el precio del crudo hasta 200 dólares por barril para forzar negociaciones. En España, las víctimas del accidente de Adamuz convocan una manifestación el 20 de marzo en Huelva, mientras el Tribunal Supremo confirma que el Pazo de Meirás debe volver definitivamente al Estado.

Edición · Jorge Quiroga

Realización · Alfredo Hidalgo

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La guerra de Irán sigue acaparando hoy jueves el debate público mientras el Gobierno prepara su plan de medidas para paliar los efectos económicos del conflicto con las aportaciones de los partidos salvo Vox, que rechaza participar en cualquier negociación con el Ejecutivo.
Además, este jueves se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN en el que los ciudadanos acudieron a las urnas para resolver un dilema que dividía al país. Cuatro décadas después el debate no solo sigue vivo, sino que ha colocado a España en el punto de mira de un Donald Trump que no ceja en sus exigencias para que incremente su gasto en defensa.
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El Gobierno ha culminado la ronda de contactos con los grupos políticos para diseñar un plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha reunido con todos los partidos salvo Vox, y el Ejecutivo prevé continuar las consultas con patronal y sindicatos. Entre las propuestas planteadas, Sumar pide intervenir los mercados de vivienda, alimentación y energía, el PP propone rebajar el IVA de la energía al 10%, mientras ERC, Bildu, BNG y Compromís plantean limitar precios energéticos y gravar beneficios empresariales. Junts plantea rebajas fiscales, el PNV eliminar el impuesto a la generación eléctrica y Podemos propone un “plan anti Trump” que incluye salir de la OTAN y crear un cheque energético de 300 euros.

En el plano internacional, Donald Trump ha acusado a España de no cooperar en la guerra contra Irán y ha criticado su papel en la OTAN, sugiriendo incluso la posibilidad de restringir el comercio bilateral. El presidente estadounidense asegura además que su Ejército ha destruido casi toda la Armada iraní en el estrecho de Ormuz, con ataques contra hasta 60 buques dedicados a colocar minas. Irán, por su parte, amenaza con bloquear el paso del petróleo por el estrecho y advierte de que cualquier barco vinculado a Estados Unidos, Israel o sus aliados será considerado objetivo legítimo.

El conflicto ya repercute en los mercados energéticos. El gasóleo ha subido un 14,16% en una semana, hasta 1,645 euros por litro, su nivel más alto desde octubre de 2023. Llenar un depósito de 55 litros cuesta ya unos 88 euros con gasolina y más de 90 euros con diésel. Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía ha acordado la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para intentar contener el precio del crudo.

En clave nacional, el Gobierno ha cesado a la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, en plena tensión diplomática por la guerra. La Junta de Andalucía se ha personado en la causa del accidente ferroviario de Adamuz y prepara un Comisionado de apoyo a las víctimas. Además, en el caso Pujol, el gestor bancario Josep Pallerola ha asegurado que los 1,8 millones en Andorra atribuidos al expresident Jordi Pujol pertenecían en realidad a su hijo y fueron puestos a su nombre para evitar su reparto durante un proceso de divorcio.

Edición · Jorge Quiroga

Realización · Alfredo Hidalgo

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La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro acogen este miércoles los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Las asociaciones de víctimas homenajean, un año más por separado, a los 193 muertos y alrededor de 2mil heridos que ocasionaron los atentados.
El Gobierno se dispone hoy a abordar con los grupos parlamentarios del Congreso, sin excluir a ninguno, el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante las consecuencias de la guerra de Irán, y ha avanzado que el plan que prepara tendrá dos pilares, uno con medidas coyunturales de carácter socioeconómico, y otro con medidas estructurales.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.
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El Gobierno ha abierto contactos con partidos políticos y agentes sociales para analizar el impacto de la guerra en Irán y preparar medidas de protección para trabajadores, hogares y empresas. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha explicado que el ministro Félix Bolaños se reunirá con los grupos parlamentarios, mientras las vicepresidentas y los responsables de Economía y Seguridad Social dialogarán con empresarios y sindicatos. Tras esta ronda, el presidente Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para abordar el conflicto y anunciar posibles medidas económicas y sociales.

En paralelo, Sumar negocia con el PSOE un nuevo escudo social frente al impacto del conflicto. Entre sus propuestas figuran intervenir el mercado de la vivienda, recuperar la prohibición de desahucios para familias vulnerables, topar los alquileres, bajar el IVA de alimentos básicos y crear un impuesto a grandes distribuidoras para evitar subidas abusivas. También plantea recuperar la excepción ibérica para el precio del gas, restablecer el impuesto a las energéticas y prohibir cortes de suministros básicos. La ministra Sara Aagesen ha defendido que la apuesta estratégica pasa por reforzar las energías renovables.

En política exterior, el ministro José Manuel Albares descarta que España participe en acciones militares vinculadas a la guerra en Irán y subraya que el país solo intervendrá en operaciones que garanticen la paz y la seguridad europea. Mientras, el Pentágono asegura que los bombardeos han alcanzado ya 5.000 objetivos en Irán y que el día actual podría ser el más intenso de ataques, con operaciones centradas en fábricas de drones y complejos militares. El conflicto sigue afectando a la economía: el diésel ha subido 32 céntimos (20%) y la gasolina casi 17 céntimos (10%), mientras la UE recomienda a los países reducir impuestos energéticos si su situación fiscal lo permite.

En clave nacional, el Gobierno ha aprobado una regulación del acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, que podrán solicitarla mediante declaración responsable y acreditación de residencia mediante empadronamiento o documentos sociales. Además, el Senado, con mayoría del PP, ha introducido enmiendas a la ley contra la multirreincidencia para reforzar los controles en la ley de extranjería, incluyendo comprobaciones de antecedentes penales e informes policiales sobre riesgos para el orden público.

Edición · Jorge Quiroga

Realización · Alfredo Hidalgo

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