Dando Caña

El presidente del Gobierno comparecerá mañana en el Congreso para hablar de los casos judiciales que afectan a su entorno más próximo en el mismo día que su mujer entrega el pasaporte: el ajuar de Zapatero en una caja fuerte de Ferraz, la condena de Ábalos, la gestión de Leire Díez intentando neutralizar los instrumentos del Estado que sirven precisamente para controlar al poder. Sánchez no dimite, no convoca elecciones y no asume ninguna responsabilidad política. Hoy, un día antes de esa comparecencia, José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido la nulidad de la causa judicial por la que es investigado. Mientras tanto, las cloacas del PSOE siguen creciendo y salpican ya, según la UCO, al propio PNV. Hoy, en Dando Caña, hablamos también con Ignacio de Hoces, diputado de VOX, por la iniciativa que lleva su grupo parlamentario al Congreso para acabar con las sospechas de fraude electoral en el voto por correo. En la mesa de análisis: Endika Seoane, Arturo Moreno, Josep Maria Francàs.

En numerosas resoluciones judiciales se contienen afirmaciones severas sobre actuaciones de funcionarios públicos, policías o instituciones. Algunas han sido posteriormente corregidas por instancias superiores y otras han permanecido intactas. Sin embargo, rara vez provocan una movilización institucional semejante. La ironía es evidente. Se considera inaceptable siquiera plantear la hipótesis de que una escolta dependiente del Ministerio del Interior pudiera actuar indebidamente. Una posibilidad presentada como absurda e imposible. Pero la historia reciente demuestra que las instituciones no son infalibles y que el control del poder existe precisamente porque ningún organismo público está exento de cometer errores, excesos o irregularidades: desde agentes de la UCO actuando contra compañeros para las cloacas del PSOE hasta el jefe de la UDEF con 20 millones de euros del narcotráfico en las paredes de su casa. La cuestión, en definitiva, trasciende a Juan Carlos Peinado, a Begoña Gómez e incluso al propio Gobierno. Siguiendo con lo judicial, el Tribunal Supremo ha emitido la sentencia del 'caso mascarillas' y condena a 24 años y tres meses de prisión a José Luis Ábalos, 19 años y 8 meses a Koldo García, y rebaja la de Víctor de Aldama a 4 años y medio de prisión. Sin embargo, este último no entrará en prisión. En otro margen de cosas, analizamos, junto a Gonzalo de Oro Pulido, la situación de Barcelona con el PSC. En el plano internacional, debatimos y analizamos las elecciones de Colombia. En la mesa de análisis: Marcos de Quinto, Miguel Robledo, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Gonzalo de Oro Pulido.

El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso significativo en la causa contra Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha abierto una pieza separada para investigar los contratos públicos adjudicados a empresas del entorno del empresario Juan Carlos Barrabés. El origen inmediato: la Fiscalía Europea, que investigaba esos mismos contratos, ha dejado sin efecto su avocación sobre ese bloque de hechos y ha remitido la documentación, atestado de la UCO incluido, directamente a Peinado. No es un asunto menor. Los contratos en cuestión son dos expedientes de Red.es adjudicados en el verano de 2021 a una UTE. El primero, por más de 7,7 millones de euros. El segundo, por cerca de 4,4 millones. En la tramitación de ambos figuraron cartas de apoyo firmadas por la propia Begoña Gómez. Ese detalle fue el primer núcleo del caso; ahora regresa al juzgado por la puerta de atrás. Lo que hace Peinado con esta pieza separada es recuperar margen de maniobra sobre un bloque que, durante meses, quedó paralizado por la competencia de la Fiscalía Europea. Ahora pide al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la tipicidad de los hechos: en lenguaje llano, que diga si lo que se describe puede encajar o no en algún delito. Dos delitos, en concreto, apuntan las acusaciones en el horizonte: prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea. La causa queda así dividida en dos velocidades. Mientras tanto, los sanitarios terminan hoy su huelga contra el estatuto marco y Europa sigue con su claro objetivo de ir contra los coches. Hablamos, además, con Carlos Pollán, vicepresidente de Castilla y León para analizar el rumbo de la legislatura, y con Unai Cano, periodista de La Gaceta, sobre el informe sobre agresiones sexuales a menores británicas. En la mesa de análisis: Álvaro Ballarín, Ignacio de Hoces, Josep Maria Francàs, Enrique Calvet.

El expresidente convertido en personaje incómodo, en presencia que ya no puede ignorarse. Moncloa ha comenzado a tomar distancias, recordando que el expresidente no forma parte del Gobierno. Cuando la Moncloa tiene que aclarar quién manda en Moncloa, algo se ha roto en el relato oficial. Sánchez insiste en resistir hasta el verano de 2027. Pero resistir no es gobernar. Y atrincherarse no es liderar. La legislatura lleva meses en la UCI, los casos judiciales cercan a su partido y a su entorno más próximo, y una mayoría parlamentaria cada vez más amplia le pide que deje de hacer tiempo. Hay mayoría para pedirle que se vaya. La hay, y es holgada. La pregunta es cuánto tiempo más puede un presidente gobernar de espaldas a ella. Mientras los socios de Gobierno piden elecciones anticipadas, el juez Calama ha imputado hoy a Alba y Laura, hijas de Zapatero, y a su secretario. Todo ellos en el marco del 'caso Plus Ultra'. En el ámbito económico, analizamos cómo la cesta de la compra continúa subiendo en nuestro país. En la mesa de análisis: Roberto Marín, Rodrigo Rato, Josep Maria Francàs.

Zapatero declara ante un juez por seis graves delitos. Es algo histórico. Y es algo gravísimo. Más allá de cuál sea el desenlace judicial, la imagen de un expresidente del Gobierno compareciendo en la Audiencia Nacional como investigado por presuntos delitos de enorme trascendencia política y económica sitúa a las instituciones ante una de esas jornadas que marcan una época. Zapatero declara en una comparecencia a puerta cerrada que ha despertado una extraordinaria expectación mediática. No es para menos. El interrogatorio gira en torno a dos grandes cuestiones: por un lado, su presunta relación con las decisiones que desembocaron en el rescate público de Plus Ultra durante la pandemia; por otro, el origen de unas joyas valoradas pericialmente en más de un millón de euros que fueron halladas durante un registro en un despacho propiedad del PSOE y cuya procedencia trata ahora de esclarecer la investigación. La defensa sostiene que forman parte de un patrimonio familiar, mientras que el instructor considera necesario profundizar en las explicaciones ofrecidas hasta ahora. En este ámbito, continuamos hablando de las cloacas socialistas y analizamos la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. La sesión de control al Gobierno, como era de esperar, se ha centrado en los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo. En el ámbito económico, analizamos y debatimos las cifras de absentismo laboral. En la mesa de análisis: Miguel Ángel Durán, Pepe Ramírez, Josep Maria Francàs, Pablo Mariñoso.