GRANDES REPORTAJES DE RFI

En los últimos 18 meses, Perú enfrenta la ola migratoria más importante de su historia reciente debido a los venezolanos que huyen de la crisis. Pero en el país andino, los migrantes se enfrentan a una difícil integración. RFI siguió a estos venezolanos que están en busca de una nueva vida en Tumbes y Lima. Al llegar a Perú, los venezolanos más desfavorecidos se quedan en la zona fronteriza, vendiendo dulces al borde de la carretera panamericana. La mayoría en cambio se va directamente a Lima. En la capital peruana, microbuses, calles y mercados están atestados de venezolanos. Perú le ha abierto las puertas a los venezolanos, entregando más de 90.000 permisos temporales de trabajo. Y aunque la xenofobia es tangible, incluso en la esfera política, algunos peruanos muestran una cara más solidaria e intentan ayudar a los migrantes. En Tumbes, a pesar de que se trate de una región peligrosa con narcotráfico, robos y trata de mujeres, la demanda venezolana de alojamiento y comida rebasó la oferta real de la ciudad. Si bien el flujo de migrantes se ha estabilizado desde que Perú exige la presentación de un pasaporte para ingresar al país, siguen llegando autobuses llenos de venezolanos, que han recorrido miles de kilómetros desde su país, pasando por Colombia y Ecuador. Unos 2.000 cada día, en busca de una mejor vida. El defensor del pueblo de la region nos acompaña hasta la Ciudad de Tumbes, y atravesamos los barrios pobres donde se han multiplicado los bares donde se prostituyen jovenes venezolanas. También visitamos el mercado textil de Gamarra en Lima, importante fuente de empleos para los venezolanos en Perú. Entrevistados: -Keidy, Alvaro, Zaimar y Yonny, migrantes venezolanos. -Abel Chiroque, Defensor del Pueblo de Tumbes -Manuel de Lama, Alcalde de Tumbes -Yéssica, presidenta de la junta vecinal de Puerto Pizarro en Tumbes -Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión venezolana en Perú -María Machuca Pérez, presidenta de la red de comedores populares de San Juan de Lurigancho, Lima. -Hermano Hugo Cáceres, de la congregación Hermanos Cristinanos.

Este 5 de octubre los chilenos conmemoran 30 años desde el plebiscito que terminó con la dictadura del general Augusto Pinochet, impuesta en 1973 a través de un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende. Después de 15 años, el pueblo de Chile asistió a las urnas para elegir entre la opción del SÍ, que dejaba a Pinochet por 8 años más en el poder, y la del NO, que permitía comenzar un camino hacia la democracia. Así lo vivieron sus protagonistas hace tres décadas. Un reportaje de Yasna Mussa, desde Santiago de Chile. Durante 27 días y en cadena nacional, un arcoíris y en mayúscula la palabra NO aprovechaban los 15 minutos que permitía la franja electoral para colarse por los televisores de millones de chilenos y chilenas que tendrían que decidir un 5 de octubre de 1988 si ratificaban o no la permanencia del poder del dictador Augusto Pinochet. Eran 15 minutos después de 15 años en los que reinó la censura y donde por primera vez la oposición tenía un espacio para plantear sus ideas y apostar por derrocar por la vía pacífica el régimen autoritario que se instauró luego del golpe militar a Salvador Allende y que ahora sufría la presión internacional por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que incluía la tortura, el asesinato y las desapariciones. El jingle pegajoso y optimista rompió con las expectativas de muchos que pensaron que la oposición usaría ese espacio para hablar del horror, de los días oscuros y del espanto que sufría gran parte de la población. Pero desde el primer día de la franja televisiva, el 5 de septiembre, la campaña, que reunía a la gran mayoría de los artistas, músicos y rostros televisivos de la época, no dejó a nadie indiferente, y ha quedado en el recuerdo popular como un hito que marca un antes y un después. Luego de una jornada llena de tensión e incertidumbre, a cerca de las 2 de la mañana del 6 de octubre, el ministro del Interior reconoció finalmente la victoria del NO. Chile había derrotado al dictador a través de las urnas. Tres décadas después, es difícil encontrar testimonios que apoyaron la opción del SÍ y que estén dispuestos a contar su versión. Quienes respaldaron a Pinochet, hoy prefieren tomar distancia. Los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y las violaciones a los Derechos Humanos que se han ido confirmando los ha llevado a cambiar de opinión, al menos públicamente. El propio presidente Sebastián Piñera, que fue cercano al régimen, afirma que votó por el NO. Junto a sus ministros en La Moneda, muchos de ellos excolaboradores de la dictadura, decidieron conmemorar el triunfo de la democracia en este 5 de octubre de 2018. Más allá de lo que significó el triunfo de aquella primavera chilena, hay una pregunta que 30 años después sigue abierta ¿Qué pasó con la alegría? Los protagonistas de aquel triunfo consideran que hay una deuda pendiente. El general Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido juzgado por sus crímenes, y el modelo económico impuesto durante su régimen sigue vigente. Sin embargo, tanto las organizaciones sociales que lucharon en esos años como algunas que acaban de nacer, siguen articulándose desde las bases. Han decidido conmemorar estos 30 años con un lema más realista pero sin dejar de lado el optimismo: “Por el Chile que aún NOs debemos”. Entrevistados: Juan Forch, periodista especializado en publicidad política y uno de los tres directores coordinadores de la franja de televisión, Ana María Gazmuri, actriz y uno de los rostros de la campaña del NO, Claudio Garrido, sociólogo y profesor investigador de la Escuela de Publicidad en la Universidad Diego Portales, Leonor Cifuentes, residente de Copiapó, Lautaro Martínez, conserje en un edificio de Santiago, Lautaro Carmona, exdiputado y actual secretario general del Partido Comunista.

A 25 años de los Acuerdos de Oslo, los palestinos de la Franja de Gaza viven sometidos a un bloqueo israelí y aislados del resto del mundo. La situación en términos de salud es particularmente preocupante. Un reportaje de nuestra corresponsal Beatriz Lecumberri. >> Haga clic en la imagen para escuchar el programa completo. En casa de Nivim Haboub se habla en voz baja, como si fuera un hospital. En parte por respetar el reposo de esta madre de familia de 40 años, en parte para no preocuparla con conversaciones sobre su tratamiento médico y su futuro. Nivim vive en Gaza y tiene cáncer desde hace siete años. Empezó en un pecho y ahora se ha extendido a los huesos. Desde que le fue detectado se ha tratado de manera intermitente, dependiendo de los rebrotes de su enfermedad, de las existencias de medicamentos en Gaza y de la concesión del permiso de salida por parte de las autoridades israelíes. El difícil acceso a los tratamientos En este momento, el tratamiento que necesita no está disponible en Gaza y tiene que salir a un hospital palestino de Jerusalén. “No tenemos radioterapia en Gaza, sólo en Jerusalén, y la quimioterapia no está siempre disponible en Gaza. Cuando está, a veces es una marca nueva, no es la que tomé antes y eso agrava mi caso. La quimioterapia no reduce mi tumor, sólo la radioterapia me ayudará y me aliviará el dolor”, cuenta Nivim. La Franja de Gaza lleva 11 años sometida al bloqueo israelí, apoyado también por Egipto. En el caso de los enfermos, la espera es dramática e insoportable. El proceso es largo y hay algunos enfermos que se quedan en el camino. Israel debe concederles un permiso de salida para hacerse pruebas o tratarse en un hospital fuera de la Franja. Además, el hospital al que acuden debe darles una cita médica y en el caso de la mayoría de gazatíes, la Autoridad Palestina debe aceptar correr con los gastos de su tratamiento. Nivim sabe que tiene el tiempo contado. Israel ha rechazado su permiso en los últimos meses sin explicar por qué. Recientemente, la razón fue que tenía un pariente miembro del movimiento palestino islámico Hamas, que gobierna Gaza y que Israel considera un grupo terrorista. Pero ella niega tener familiares que pertenezcan a Hamas: “La culpa es de la ocupación israelí. Cuando voy a un hospital en Israel respeto sus reglas, voy al hospital y regreso directo a mi casa. ¿Por qué ellos no respetan mis derechos? ¿Por qué hacen eso con nosotros? Estoy enferma, tengo cáncer, tengo derecho a curarme”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017, sólo la mitad de las 25.500 solicitudes de gazatíes enfermos para salir de la Franja vía Israel fueron aceptadas. El año pasado también, al menos 54 personas fallecieron en la Franja esperando un permiso israelí, aunque la cifra real podría ser mayor. Hace algunas semanas, varias ONG israelíes y palestinas elevaron una petición al Tribunal Supremo israelí para denunciar que hay pacientes en Gaza cuya vida corre peligro e Israel no les deja salir argumentando que tienen parientes relacionados con Hamas. Su petición incluía a siete mujeres, la mayoría enfermas de cáncer. La justicia israelí les dio la razón, concedió que la ley humanitaria está por encima de todo y que las pacientes debían salir de Gaza. El nombre de Nivim estaba incluido en esta petición. La mujer espera ahora que la Autoridad Palestina agilice los trámites para que pueda ser recibida en un hospital de Jerusalén-Este. La ONG Al Mezan, de Gaza, es una de las organizaciones que consiguió esta decisión de la justicia israelí. Desde principios de año, Al Mezan ha tratado 300 casos de personas que necesitan ser trasladadas para recibir tratamiento. No más del 30% ha recibido una respuesta positiva. “Incluso si tuvieran algún pariente miembro de Hamas, eso no les da ningún derecho a prohibir la salida de esta persona ni a privarla de sus derechos. Es un castigo colectivo, es algo inaceptable que va contra las leyes humanitarias. Nadie puede ser castigado por un error cometido por otros”, estima Samir Zaqut, subdirector de Al Mezan. El hospital Rantissi de Gaza es el único centro médico de la Franja especializado en el tratamiento contra el cáncer. Decenas de pacientes han venido a hacerse una radiografía o recibir quimioterapia. Hace dos semanas, el hospital tuvo que suspender sus tratamientos de quimioterapia porque no había sido enviada por la Autoridad Palestina desde Ramala. Las divisiones entre Hamas y la Autoridad Palestina no ayudan Además del bloqueo israelí, los palestinos de Gaza son víctimas de la división entre Hamas y la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas, que funcionan como dos entidades separadas. Del gobierno palestino de Abbas dependen muchos tratamientos médicos, el salario de los funcionarios o el pago de una gran parte de la factura de electricidad de la Franja, que vive con cuatro horas de suministro al día. Una circunstancia que dificulta el trabajo diario de los hospitales. Según Mohamed Abu Silmiyah, el director del hospital Rantissi, “la situación de los enfermos de cáncer en Gaza es muy mala. 80% de las medicinas no está disponible y no tenemos reservas. Mucha gente está muriendo a la espera de medicamentos o de un traslado fuera de la Franja. Hace dos semanas, el Ministerio de Salud en Ramala nos envió medicinas para un mes, sólo para un mes. Creo que todo esto es una decisión política. El primer problema es la ocupación israelí y después las diferencias entre Hamas y la Autoridad Palestina”. Sólo en agosto, el hospital pidió a Israel que dejara salir a 500 personas para recibir tratamiento o someterse a un escáner completo que no se puede realizar en la Franja. Menos de la mitad obtuvo el permiso. La pregunta es qué pasa con el resto: “Esperan. Mucha gente muere y otros muchos empeoran. La enfermedad se extiende y afecta a otros órganos. Es muy difícil, muy duro para los médicos cuando el paciente viene y no sabemos qué decirle, no tenemos respuesta”, comenta Mohamed Abu Silmiyah. Desde finales de marzo, hospitales y ONG de Gaza viven una situación de emergencia. Las manifestaciones semanales que se registran en la barrera de separación entre Gaza e Israel han dejado ya 180 muertos y casi 20.000 heridos. Los palestinos de la Franja piden el fin del bloqueo y el retorno a las tierras de sus padres y abuelos, de las que salieron en 1948 tras la creación del Estado de Israel. Más de dos tercios de la población de Gaza son refugiados. Varias ONG trabajan con el personal médico de Gaza para atender esta urgencia, entre ellas Médicos del Mundo, que prepara misiones para operar a heridos en estas protestas, explica Marco Velasco, coordinador de la organización en Jerusalén: “Más del 90% son pacientes de género masculino, de edad comprendida normalmente entre los 20 y los 30 años. Empezamos ayer, pasando consulta con un cirujano plástico español para ver exactamente cuáles son las necesidades quirúrgicas, materiales, cuál sería el pronóstico de cara a preparar la llegada de los equipos de cirugía que trabajarían junto con los equipos locales pero que tienen un conocimiento que aquí no hay”. Una situación de emergencia Mohamed Raed, un niño de 13 años que vive en una casa del campo de refugiados de Jabalia, en Gaza, fue herido de bala el 29 de julio cerca de la frontera con Israel. Su pierna tuvo que ser amputada. “Fui a una manifestación pacífica, estaba con mis vecinos y de repente me dispararon. Tuvieron que cortarme la pierna”, explica Mohamed. Su familia elogia el hecho de que estuviera aquel día en la frontera con Israel porque se pedía Justicia, sobre todo para los refugiados. Mohamed comienza a darse cuenta día tras día de lo que significa ser amputado en Gaza. Ir al colegio le cuesta el doble, ir andando a rehabilitación es un suplicio casi tan intenso como ver jugar al fútbol a sus amigos del barrio: “Quiero tirar mis muletas, correr, jugar, nadar… Me gustaría ser doctor”, comenta. La vida de Mohamed está marcada por la guerra y la pérdida. La casa en que se encuentra fue bombardeada por Israel en 2008. Según la familia, la bomba tenía sustancias que provocaron el cáncer que años después mató al padre de Mohamed y a su abuela. Unas acusaciones difíciles de probar. El objetivo de la familia es ahora conseguir una prótesis para Mohamed y ayudarle a tener una vida normal. En Gaza existe desde hace 20 años un centro que fabrica prótesis y podría ayudarlo en su rehabilitación. La institución, que trabaja con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha visto cómo el número de pacientes ha aumentado de manera preocupante en los últimos meses debido a los heridos en las manifestaciones en la frontera con Israel. Mohamed Dwima, el director del centro, explica que las dificultades son muchas: importación laboriosa de materiales debido al bloqueo, falta de electricidad, reducción de la financiación internacional. “Hemos recibido 75 casos de amputados que necesitan una prótesis. Para cubrir esos casos hemos aumentado nuestro horario de trabajo y el número de material importado que compramos en Israel u otros países, pero nos enfrentamos al grave problema de la electricidad. Necesitamos más horas de generador y más combustible para hacerlo funcionar. Por otra parte, nuestros trabajadores, que son funcionarios están recibiendo sólo el 50% de sus salarios”, cuenta. El puerto de Gaza es uno de los pocos lugares de la Franja donde se tiene la sensación de respirar y sentir una cierta libertad. Sentados a orillas del mar, un grupo de amigos toman un refresco y hablan de la situación en la frontera con Israel, donde acuden semanalmente a manifestarse desde el mes de marzo. Uno de ellos recibió un tiro en la pierna y no quiere hablar con periodistas. Son todos universitarios, odian la política y están hartos de sus dirigentes, sea Hamas o la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, explica Anas al Krinawi: “Las protestas son totalmente apolíticas, no están apoyadas por ningún movimiento armado. Lo único que queremos es reivindicar nuestros derechos y regresar a la Palestina histórica. No pertenecemos a Hamas. Míranos”. Tienen 20 años y ninguno de ellos ha podido salir nunca de la pequeña Gaza. Les cuesta proyectarse en el futuro y las protestas son para ellos el único medio de hacerse oír. Aseguran no tener miedo: “¿Asustados? ¿De qué? Ya estamos encerrados. ¿Qué quieren ahora? ¿Matarnos? La muerte es lo único que nos queda”.

En 2015 llegaron a Europa más de un millón de refugiados. Ante el fracaso de las políticas migratorias europeas, miles de personas se encuentran estancadas en Grecia, una de las principales vías de entrada. Pese a que las ONGs se hacen cargo de sus necesidades básicas, estas personas se enfrentan a una dura lucha psicológica, en la que su única arma es el conocimiento. Un reportaje de Yaiza Martín desde la ciudad griega de Ioannina. Ante la llegada masiva de inmigrantes a tierras griegas e italianas, la Unión Europea puso en marcha un plan de reubicación en los países miembros mediante un sistema de cuotas que fracasó. El resultado de esa política fallida es que muchos refugiados se encuentran aún en Grecia a la espera de obtener o solicitar el asilo, recibir una protección temporal o la reunificación familiar. La situación les ha obligado a esperar más tiempo de lo previsto, mientras el tiempo se agota y sus vidas se consumen. Muchos de estos refugiados son afganos ya que no son prioritarios para obtener el asilo debido a que el conflicto de su país no es reconocido internacionalmente como es el caso de la guerra en Siria. Algunos viven en campos de refugiados repartidos por toda Grecia. Uno de ellos es el de Katsikas, donde las condiciones de vida han mejorado notablemente. Pero más allá de las necesidades básicas, aún quedan por satisfacer las necesidades psicológicas. El campo de Katsikas se encuentra a escasos kilómetros de Ioannina, una ciudad en el noroeste del país que comparte un pasado bizantino y otomano. Allí se encuentra AMAL, un centro de formación que ofrece diferentes cursos y actividades para los refugiados. Para los refugiados es vital mantenerse ocupados, y en eso Habibi Works son los expertos. Este proyecto, creado por la ONG alemana Soup & Socks, ofrece una serie de talleres y actividades. Situado enfrente del campo de refugiados de Katsikas, aquí los refugiados construyen sus muebles, cosen, pintan o tocan la guitarra, pero sobre todo, crean una gran comunidad y se llena de esperanza y conocimiento para poder labrarse un futuro. Entrevistados: Ira, fundadora del proyecto AMAL Angeliki, profesora en AMAL Patricia, profesora (online) en AMAL Mimi, coordinadora en Habibi Works Samer, refugiado afgano Jordi, refugiado congoleño Jadi, refugiado sirio

En los últimos 16 meses, más de un millón de personas han ingresado a Colombia desde Venezuela, huyendo de la crisis económica y política. En el primer capítulo de este reportaje, los llevamos a La Parada, el barrio que colinda con el Puente internacional Simón Bolivar entre los dos países. Una burbuja tensa en la que se concentran las carencias económicas, sociales y de seguridad de la región fronteriza. Estamos ahora en Cúcuta, la capital regional, donde los venezolanos se enfrentan a la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a servicios de salud y al rechazo de parte de la sociedad. Un reportaje de Lucile Gimberg, con la realización técnica de Pierre Zanutto y la selección musical de Paula Estañol. Cerca del centro comercial Ventura, en Cúcuta, John Merméndez, de 28 años, toca la trompeta con su grupo de mariachis. Todos son venezolanos. Llegaron hace un mes desde el estado de Portuguesa, a 600 kilómetros, en busca de un futuro mejor para sus familias. "Para los cumpleaños, la gente prefiere comprar una torta o hacer para comer que pagar a un mariachi, entonces ya no teníamos trabajo", explica John. Hasta el momento ha podido enviar dinero a su familia. "Si nos va mejor, la idea más adelante es traérnoslos para que no nos haga tanta falta", confiesa. Familias separadas por la migración, como la de John, hoy hay cientos de miles. En las veredas de Cúcuta, hombres, mujeres, a veces solas con sus bebés, buscan generar algún ingreso vendiendo lo que pueden. "Generalmente estas calles se inundan de vendedores ambulantes y personas que piden dinero, y que son venezolanos", relata el periodista local Charli Spansky. Arriba, en el patio de comidas del centro comercial rutilante, los venezolanos más acomodados hacen escala para almorzar antes de tomar el avión rumbo a otros países de la región como Perú o Chile. Falta de trabajo y humillaciones La mayoría de los migrantes venezolanos ven a Cúcuta como una cuidad de paso, una etapa en su éxodo. Pero por falta de dinero y de oportunidades, muchos se quedan aquí estancados. En la Fundación 'Cúcuta Censurados', tenemos cita con dos jóvenes venezolanas. De apenas 19 años, Brittany y Valentina llevan un año en Colombia y se han topado con la dificultad de encontrar un trabajo en una ciudad donde el desempleo es uno de los más altos del país. "No planeábamos quedarnos en Cúcuta, pero se está haciendo demasiado esforzado, nos conseguimos trabajo como pensábamos y uno recibe humillaciones", relata Valentina. "Más de un colombiano no ha querido contratarnos porque estamos indocumentadas", prosigue Brittany. "Vas a buscar u trabajo y te tratan mal, te dicen groserías", añade Valentina. Los migrantes venezolanos llegan en un momento en el que han empezado las vacas flacas en Colombia, con un crecimiento más lento, explica Mario Zambrano, economista de la Universidad Libre de Cúcuta, "y peor aún en la frontera". Norte de Santander ostenta "una estructura económica que no genera empleo, una mala calidad del empleo y una actividad económica muy débil", precisa el especialista de la región fronteriza. "Los venezolanos no encuentran empleo y entonces la válvula de escape es la informalidad", agrega. La violencia de la calle La falta de trabajo, el apuro por pagar el arriendo, la comida y mandar remesas no dieron otra opción a Brittany y Valentina. Desde hace unos meses, las dos casi adolescentes venden su cuerpo en una plaza de Cúcuta, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. "Eso no es vida, para una mujer eso es lo más difícil que puede existir", murmura Valentina. La panza de Brittany tensa al máximo su vestido negro y ajustado. Su última ecografía data de hace varios meses. "La salud es una necesidad gigantesca", subraya Juan Carlos Archilla, director de la Fundación "Cúcuta censurados", que ayuda a personas vulnerables, y técnico enfermero en el hospital público de la ciudad. La institución, al borde del colapso, atiende a los venezolanos en los casos vitales "pero no los controles prenatales o las consultas externas gratuitas y hay patologías que no son atendidas en este momento como el VIH", precisa. En Venezuela, por la falta de insumos y la corrupción, conseguir un pasaporte puede demorar un año o más, de manera que muchos migrantes salen del país con el documento que tienen a la mano. A pocos días de dejar el poder en agosto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, regularizó a más de 440 mil migrantes venezolanos que se habían registrado en el censo. Tienen ahora un permiso temporal de dos años que, según el gobierno, les da acceso a servicios de salud, educación y al mercado laboral formal. Repartir la presión migratoria Pero ¿quién está dispuesto a contratarlos? Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, el esfuerzo debe ser repartido a nivel nacional. "Hay que integrar a la gente laboralmente y redireccionar el flujo de personas que llegan a Cúcuta, como lo hicieron en Brasil: en Roraima pasaron a los migrantes venezolanos a zonas más desarrolladas del país como Río Grande do Sul y Sao Paulo", propone. En el edificio principal de la plaza central, nos recibe el alcalde, César Rojas, heredero de un edil condenado por vínculos con los paramilitares. Desde su larga mesa de mármol, da órdenes a sus empleados que bajan la cabeza. Nos explica que su ciudad no aguanta esta presión migratoria, que los venezolanos no se pueden quedar en Cúcuta, y que el Estado tiene la responsabilidad de atender esta crisis humanitaria. En enero pasado, el alcalde llamó a no dar alimentos a los venezolanos para que no se queden en la ciudad. Xenofobia Ese mismo mes, pobladores del barrio Sevilla desalojaron con bombas molotov a cientos de venezolanos que acampaban desde hacía meses en la cancha de fútbol de su comunidad. Para el rapero y activista social Jorge Botello alias "Ahiman", la xenofobia se expresa cada vez más abiertamente: "hay una tensa calma y me preocupa que en algún momento esto pueda dispararse. En Colombia hemos visto que conflictos que no se manejan terminan siendo terriblemente manejados a través de la violencia".   Según la encuesta de opinión realizada por 'Cúcuta Cómo Vamos' en 2017, seis de cada diez cucuteños ven a los venezolanos como una amenaza para la ciudad. "Sin gente de Venezuela, aquí hay problemas de pobreza, desigualdad, de acceso a la salud de calidad, sin mencionar la educación, entonces aparecen estos discursos del miedo, de la xenofobia y del problema de seguridad y eso lo va incorporando la gente", analiza el economista Mario Zambrano. "Me parece injusto porque parece que se nos olvida que Venezuela fue un lugar de refugio para nuestros no solamente de desplazados por la guerra durante los 80 y 90, sino en la época de la bonanza petrolera, es decir que Venezuela fue un pueblo solidario con nosotros", apunta. Durante décadas, Colombia fue un país emisor de migrantes por su conflicto interno. Hoy está recibiendo la mayor migración de su historia. Frente a este desafío desconocido, el gobierno pidió la ayuda internacional y propone que la ONU designe a un enviado especial para coordinar una respuesta regional a la crisis migratoria.   Entrevistados: - John Merméndez, músico en un grupo de mariachis venezolanos que migró a Colombia - Charli Spansky, periodista local - Brittany y Valentina (pseudónimos), dos jóvenes venezolanas de 19 años que se prostituyen - Juan Carlos Archilla, director de la Fundación "Cúcuta censurados" que ayuda a personas vulnerables y técnico enfermero en el Hospital universitario Erasmo Meoz en Cúcuta - César Rojas, alcalde de Cúcuta - Jorge Botello, alias "Ahiman", rapero y representante de la organización "Quinta con Quinta" que promueve la participación de los jóvenes desde el hip hop - Mario Zambrano, economista de la Universidad Libre de Cúcuta y especialista de los temas fronterizos.